Denuncian a Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por “crímenes de genocidio y lesa humanidad”

La denuncia alcanza también al premier Alberto Otárola y a otros ministros y exministros responsabilizados por las más de 50 muertes ocurridos en las protestas.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, acaba de ser denunciada por un grupo de abogados de Arequipa ante la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de “crímenes de genocidio y lesa humanidad ocurridos durante las protestas en el país“. La denuncia alcanza también al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

Asimismo, la imputación tiene por propósito denunciar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, y a los exministros Pedro ÁnguloCésar Cervantes y Víctor Rojas (Interior). A todos éstos se les responsabiliza, de alguna u otra forma, de los más de 50 muertos caídos durante las protestas.

La denuncia argumenta que el gobierno decretó el estado de emergencia con el fin de ejecutar “una política sistemática de represion desbordada en contra de la población civil”.

“Los manifestantes se han declarado en justo levantamiento —sin armas—, realizando la toma de carreteras, minas, aeropuertos, locales, universidades, etc., exigiendo la renuncia de la presidenta, una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales, entre otros”, señala la denuncia a la que tuvo acceso La República.

Denuncian a la fiscal de la Nación

En otro apartado de la denuncia penal, el documento acusa a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de haber desmantelado “el subsistema de Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo”.

“Con la creación y división de las fiscalías señaladas líneas arriba, se reduce la capacidad operativa para investigar las 52 muertes por disparos de armas de fuego, que se han producido durante las protestas ciudadanas”, sustenta el grupo de abogados.

En esa línea, también denuncian a los congresistas Jorge Montoya y Patricia Chirinos, por calificar a los manifestantes de “terroristas y criminales”. Los letrados señalan que estos personajes instigan y convocan a la represión policial.

Fuente: Diario El Popular

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