Los gremios e instituciones que suscriben el presente pronunciamiento; ante los últimos acontecimientos suscitados en nuestra región, tras el paro indefinido convocado por las asociaciones de ronderos y frentes de defensa en la región San Martín con la implementación de piquetes que restringen el libre tránsito en diversos puntos de la carretera FBT, afectando las actividades del comercio, de servicios de salud, agropecuarias y del turismo en general base del sustento y desarrollo de la región San Martín, manifestamos nuestra profunda preocupación por el clima de violencia y caos que se pretende implantar ante peticiones políticas, que efectivamente nos preocupan pero que debemos encauzarlos dentro del marco legal que nuestro ordenamiento jurídico nos faculta. Por lo mismo expresamos que:
1. San Martín es una región que ha sido primera en diversos ámbitos en el país, impulsando políticas públicas, planteando procesos de desarrollo y modelos de gobernanza, lo que nos ha permitido por 12 años crecer por encima del promedio nacional revirtiendo un entorno de cultivos ilícitos y de violencia terrorista que predominaba, por una realidad promisoria de desarrollo sostenible en la cual nos encontramos comprometidos en su totalidad.
2. Exigimos a nuestro gobernador regional Walter Grundel Jiménez y a nuestros alcaldes provinciales y distritales ser firmes ante nuestras autoridades nacionales políticas y policiales a fin de que cumplan con su mandato constitucional de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los peruanos y garantizar el respeto a la vida, a las libertades de transito y de trabajo, que afectan directamente a las actividades económicas del comercio, agricultura, industria y fundamentalmente el turismo, por lo cual manifestamos nuestro total respaldo a ustedes, autoridades regionales y locales, a nuestra policía nacional del Perú y a nuestras FF.AA en las decisiones que se tomen a fin de restablecer el orden y la paz social.
3. Exhortamos a las asociaciones de ronderos y sindicatos a actuar respetando nuestro ordenamiento jurídico observando siempre su ley de creación y los fines para los cual fueron creadas, en una sociedad democrática y en un estado de derecho, todos tenemos la facultad de expresarnos y manifestarnos de manera pacífica entendiendo que nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás.
4. Pedimos a nuestra máxima autoridad regional revisar los convenios suscritos dentro del marco del proyecto de seguridad ciudadana, a fin de que las rondas campesinas se encuentren articuladas con la policía nacional y los recursos logísticos de este proyecto como camionetas, motocicletas y deslizadores estén siempre a cargo de las municipalidades que presiden los comités de seguridad ciudadana y la policía nacional que tiene el mandato constitucional de resguardar la seguridad interna y el orden público.
5. Desde nuestras instituciones renovamos nuestro compromiso de trabajar conjuntamente en la búsqueda del bienestar común donde se deje de lado los intereses personales y prime el bienestar de toda la ciudadanía, es por ello que hacemos un llamado a la calma para mantenernos vigilantes a la implementación de dispositivos legales que nos permitan implementar los anuncios de adelantar las elecciones propuesto por el ejecutivo y aprobado en el congreso a fin de poder avizorar una pronta salida a esta profunda crisis nacional.
MNC MEDIOS
